La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una decisión unánime que despenaliza el aborto a nivel federal en todo el país. Esta determinación implica que las instituciones de salud pública federales deberán ofrecer el servicio de forma gratuita, y se prohíbe la criminalización del personal médico.
Este avance se produce dos años después de que la SCJN dictaminara que ninguna mujer podía ser encarcelada por abortar, lo que marcó un punto de inflexión en la lucha feminista en México.
Además, la SCJN ordenó al Estado de Coahuila cambiar su código penal, lo que sentó un precedente para que otros estados mexicanos revisaran sus leyes y eliminaran las sanciones por aborto. Sin embargo, el progreso fue desigual, con solo 11 de los 32 estados al modificar sus legislaciones hasta ahora.
El martes pasado, gracias a un amparo presentado por la organización feminista Gire, la Primera Sala de la Corte declaró que "es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar".
Esto marca un avance significativo, ya que no solo se evita la criminalización del aborto, sino que también se requiere que las instituciones de salud federales brinden el servicio. Esto fue una demanda clave de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Además, esta decisión implica la modificación del Código Penal Federal para eliminar el delito de aborto, que antes incluía penas de uno a tres años para quienes "hagan abortar a una mujer", incluso con su consentimiento, y sanciones de inhabilitación para médicos que lo practicaran. Esta eliminación del delito de aborto del código federal es un paso fundamental en el camino hacia una mayor accesibilidad al aborto en México.
Aunque se avanzó en la eliminación de la criminalización, la lucha aún no termina en el ámbito judicial. En México, el acceso al aborto es parcial, permitido en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de embarazo. Sin embargo, varios estados ampliaron sus legislaciones para permitirlo en más circunstancias, y organizaciones feministas presentan amparos en los estados restantes.
Con información de El País
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